16 marzo 2017

Cannabis, business pendiente.


Trescientos kilos de marihuana fueron encontrados en un bote varado que encalló en Punta Hermosa, distrito limeño a la ribera del mar peruano en su versión más gris. Todos esos kilos fueron abandonados por un par de narcotraficantes colombianos que llevaban la hierba a Chile a sacarle buen precio. Los caballeros demostraron fehacientemente su condición de traficantes de drogas al acompañar al cannabis abandonado con una bolsa con algunos kilos de cocaína, la droga de directorios y gremios de alcurnia. De no ser por esa solitaria bolsa de harina procesada, podríamos decir que los colombianos que nos ocupan habrían sido, a mi juicio, contrabandistas de hierba medicinal no declarada. Lo de contrabando no creo que lo discutiría nadie si se presentara el recibo de Sunat con el pago de los impuestos correspondientes como mercadería de tránsito por la costa peruana. Lo de hierba medicinal sí tendría que ser sometido a un intercambio de ideas en un país racional, quizá una discusión. Bueno, sí, también habría que discutir si existe la partida arancelaria que incluiría a los 300 kilos de marihuana encontrada en la playa de Punta Hermosa. Y es que en el Perú, nada que tenga que ver con la marihuana tiene legalidad en la práctica, creo que inclusive mencionar su nombre en algunos círculos sociales te acarrearía una sanción moral que te obligue a renunciar al gremio de emprendedores de tu barrio.

El problema nunca fue que la marihuana sea ilegal en Perú; el problema es que el Perú no es un país racional para conversar y procesar alternativas para el destino de los 300 kilos varados en Punta Hermosa y todos los otros muchos kilos que produce o importa la patria. Digo esto a juzgar por el escándalo mediático y callejero que un grupo de cristianos ultra-conservadores está haciendo por una imaginaria y maligna ideología de género que buscaría homosexualizar a la niñez peruana para reclutar soldad@s para el ejercito Lgtb mundial, o algo natural-bíblico por el estilo. Algo así como cuando decidieron oponerse al voto femenino en los años 50 o a la creación del matrimonio civil al principio del siglo pasado. Si formalizar oficialmente derechos básicos de personas que, contra la lógica y la ley, no gozan de las prerrogativas constitucionales es motivo de reclamos airados y mediáticos de la mayoría católico-cristiana, imagínense lo que va a pasar en el debate sobre la legalización de la marihuana en este país. Más aún cuando la producción o consumo de hierba no es un derecho constitucional en ningún lado del mundo, lo que los aficionados al cannabis sólo pueden lamentar pero no argumentar o exigir. Auguro entonces una alucinante y monumental pelea entre los colectivos ultra-conservadores de siempre versus el variopinto colectivo #notemetasconmihierba.

Hasta acá creo que mi posición favorable a la legalización de la marihuana en el Perú es pública y notoria, y dejo claro que estoy convencido que la legalización debe ser total, pero regulada, para la producción y comercio de marihuana para fines medicinales y recreativos; sólo así podríamos obtener todos los beneficios que la legalización de cannabis puede traer a la sociedad. Pero mi opinión es solo una opinión, por lo que el grado de libertades hierbísticas saldrá del libre juego democrático, para no desentonar con la demagogia reinante. Lo que sí es claro y real es que desde siempre existe un constante e imparable quehacer productivo y comercial de la marihuana y siempre lo hemos dejado en manos del mercado negro. Quiero pensar que la participación del narcotráfico en el capítulo Cannabis Sativa es tangencial o, en el peor de los casos, no llega a los niveles de control organizativo que muestra la producción y comercio de la cocaína y heroína. Asumo también que las organizaciones criminales de tráfico de drogas ven a la marihuana como un complemento casi inocuo a sus drogas mayores, complemento que mejora sus ingresos pero que acarrea problemas logísticos de volúmenes sustantivamente mayores a las drogas con pantalón largo. Y acá otra diferencia con las drogas fuertes: los gobiernos le negaron al cannabis hasta el carácter medicinal que podría tener para varias enfermedades comunes de la humanidad; es muy reciente la ola de aceptación oficial, muchas veces parcial, del consumo medicinal o recreativo de la macoña (Cannabis Sativa). Antes de las casi siempre tímidas formalizaciones estatales, ya han venido desarrollándose esfuerzos tecnológicos que han conducido a la creación de especies de cannabis con efecto mucho más potente y capacidad productiva mucho más eficiente que la planta común y silvestre. Tímida o no, la legalización de la hierba en el mundo avanza, dejando al Perú nuevamente rezagado en una actividad que podría resultar en mejora de la calidad de vida de un sector de nuestra sociedad y abrir un nicho de negocio formal muy prometedor. Vamos, casi US$600 por onza de cannabis de alta calidad en el DC de los Estados Unidos, donde su consumo es legal, no es algo a descartar sin siquiera darle una mirada.

De Holanda a la Argentina y de Estados Unidos a Corea del Norte los pueblos y gobiernos están variando la situación legal de la producción, comercio y consumo del cannabis, enfocándose en las diferentes facetas del negocio. Llama la atención especialmente la legalización de producción, venta y consumo de marihuana en Uruguay y la regulación de uso medicinal en Canadá. El primero por la amplitud de la medida en que el estado tiene una fuerte participación regulatoria y el segundo por la formación de corporaciones privadas dedicadas al desarrollo del negocio de cannabis medicinal. Ambas válidas, ambas operativas. La experiencia canadiense ha llevado a la empresa Pharmacielo Ltd. (https://goo.gl/Rqd08f) a iniciar su cadena productiva en Colombia, país que reúne muchas condiciones favorables al negocio formal de la marihuana medicinal. Por el lado legal, Colombia ya acepta el uso personal de cannabis hasta la posesión máxima de 5 gramos y, con una pequeña ayuda de la corporación canadiense, el gobierno está avanzando aceleradamente en las autorizaciones para uso medicinal de la hierba, pasando por los permisos de producción y comercialización. Por el lado práctico, territorios colombianos liberados del control de las Farc se resisten a la sustitución de cultivos de marihuana, lo que sumado al desarrollo tecnológico en el que Pharmacielo Ltd. está empeñada en ese mismo departamento, dió las condiciones ideales para que una cooperativa de producción de la zona liberada firmara un convenio de mano de obra a futuro, dejando todo listo para el momento en que la empresa tenga todas las autorizaciones para cultivar plantas mejoradas y producir aceites medicinales para el mundo (ver artículo del New York Times: https://goo.gl/wbVUyG, publicado el viernes 10 de marzo del 2017).

El debate por la legalización o despenalización de la marihuana en el Perú siempre ha estado latente y se va acercando la hora de su inicio formal. Habrán argumentos válidos y argumentos absurdos en contra de la legalización de la marihuana, válidos como predecir el posible incremento desmedido del consumo, y absurdos como las múltiples interpretaciones religiosas que seguro aparecerán por prestidigitación ultra-conservadora. También habrá argumentos válidos y absurdos a favor de la legalización de la marihuana, como que países que han legalizado el consumo como Holanda, Portugal, Suiza, Jamaica, Argentina, México y Uruguay no han mostrado incrementos de consumo relevantes. Y no faltarán argumentos absurdos basados en ceremonias ancestrales de proto-religiones muertas o inventadas. A toda esa vorágine variopinta de argumentos me permito agregar la alternativa de una linea de negocio formal como el que se encuentra en pleno proceso de implementación en Colombia. Aún cuando acarrearía incluir dos o más corporaciones en la ya poblada fauna comercial del liberalísimo y no regulado Perú, no deja de atraer el atractivo de enfrentar un poder fáctico corporativo al poder encubierto de las organizaciones criminales que perderían una parte de su negocio. Y no olvidemos la eficiencia productiva agrícola peruana gracias al invernadero climático natural de toda su costa que permite, por ejemplo, producir más cosechas de espárragos que cualquier fértil valle de la ultra-productiva China. Por otro lado, estoy seguro que las comunidades peruanas de madres dedicadas a la producción de aceite de cannabis medicinal para sus propios hijos llevarán voz cantante en este concierto, precisamente ellas han iniciado el debate nacional por la legalización de la marihuana medicinal en Lima después de un decomiso sordo e inmisericorde de plantas y equipo que proveían aceite de cannabis a niños enfermos con excelentes resultados curativos.

Por lo demás, como todos ustedes, cuento entre mis amistades de diferentes generaciones a toda una élite de profesionales experimentados que considerarían seriamente reducir sus pretensiones salariales para trabajar en una empresa dedicada a producir o comerciar cannabis, especialmente si les concedieran muestras gratis y descuentos corporativos en los productos de la empresa. En mi caso, no tendría reserva alguna para recomendar la apertura en todo el país de cafés cultural-hierbísticos que se conviertan en la punta de lanza del venidero boom de la inspiración creativa en el Perú.

12 marzo 2017

Cruzada contra la Corrupción versión Odebrecht

La cruzada contra la corrupción en el mundo, como toda cruzada, siempre debe ser liderada por caballeros con espaldas suficientes para llevar puestas brillantes y pesadas armaduras, plagadas de nombres bañados en probidad de gremio empresarial y santidad sodalicia. Caballeros del sector privado empresarial que no hayan sido manchados por el virus estatal, aún en la acepción más neoliberal de la palabra. Y es que las cruzadas contra la corrupción no pueden bajar al llano llamándose luchas contra la corrupción porque podrían caer en manos de gente honesta que, en su inocente honestidad, podrían encontrar, por alguna sorpresa de la vida, algún camino transitado por dineros mal habidos que alimentan a la sociedad de las revistas de papel couché. No. Ni hablar.
Entonces imaginemos que existe un país, hipotético él, en franco proceso de crecimiento latinoamericano gracias a su producción primaria de insumos, consumo crediticio doméstico y retorno de divisas por exportaciones de medicinas no oficiales. Sin duda, en ese nuestro país imaginario todos tienen confianza ciega y seguridad democrática que la Cruzada contra la Corrupción versión Odebrecht está siendo liderada por quienes brindaron años de servicio a empresas sistemáticamente evasoras de impuestos, administraron paquetes para eludir pagos al fisco, ejecutaron operaciones financieras de sospechosa complejidad, autorizaron auditorías a pedido del cliente, apoyaron la creación de leyes que inutilizaron a instituciones reguladoras, influyeron a favor de leyes que formalizarían mineros anti ecológicos, y otras perlas por el estilo. Sin lugar a dudas la institución oficial de defensa de la ética nacional está en manos de uno de aquellos caballeros de brillante armadura. Pero que quede claro, todo los actos de los caballeros cruzados siempre recaen en lo legal, o bien cerca al menos. Al César lo que es del César.
Como imaginar no cuesta, ese nuestro imaginario país se da incluso el lujo de exportar caballeros cruzados contra la corrupción a las más transparentes instituciones defensoras de la ética del mundo. El mérito más reconocido de una de esas instituciones privadas, íntegra y libertaria, es publicar encuestas en las que grupos de jefes de empresas de cada país, incluyendo nuestro país imaginado, opinan sobre los niveles de corrupción que dicen ver a ojo de buen cubero. Así, los mismos fulanos que dirigen empresas que evaden y eluden impuestos y pasean dinero por múltiples cuentas en bancos isleño-caribeño-latino-americanos tienen al mundo como audiencia cautiva de sus cálculos. Los mismos que logran licitaciones a base de coimas, los que contratan empresas auditoras que te firman cualquier libro si pagas la factura, serían quienes dictan los porcentajes de corrupción por país. Y, siempre imaginando, la pundonorosa institución internacional, guerrera incansable por lo decente, no realiza actividad práctica alguna que ayude a meter detrás de las rejas a sus perseguidos, informar lo que le dicen que informe ya es tarea monumental.
Sin embargo, en nuestro país hipotético, la filial de la transparente institución anti corrupción y la institución privada paralela que vela oficialmente por la buena salud de la ética nacional sí tienen propuestas prácticas que vienen llevando a cabo: (1) proponen se legisle una ley, redactada por ellos, que volverá a penar los delitos ya legislados de corrupción. ¿Por qué volver a legislar lo ya legislado? Para que estén bien claros los castigos, por supuesto, ni en un país imaginario podríamos imaginar que delitos de corrupción recientes pudieran ser perdonados por caducidad de leyes. Y aquí la propuesta (2), en axiomático apostolado por la ética nacional, propone aplicar inmisericordes sanciones sociales a los empresarios corruptos; sanciones sociales que consisten en no invitarlos a vuestros gremios, no invitarlos a vuestras reuniones, no aceptarles sus donaciones a cuenta del fisco. En suma, hacerles bullying. En nuestro país de fantasía estas sanciones sociales pesarán más que condenas a cárcel efectiva para erradicar la ola Odebrecht de odiosa corrupción que está frenando a nuestro imaginario aparato productivo. Para qué molestarnos en juzgarlos si podemos aplicarles crueles y ejemplares sanciones en nuestros círculos sociales.